Año 2 No. 2 Julio - Diciembre 2008

El concepto “vida” en el debate sobre el aborto


Hedilberto Granados, Email: sirgranados@hotmail.com


ISSN papel: 1909-6704
ISSN virtual: 2500-610X


Resumen

This  article  takes  care  to  examine  the  debate on the abortion in the version defended by professor Pablo Rolando Arango in the Magazine of  the  research  center  Sociojurídicas  CIS  of the  University  of  Caldas, Volumen.3  no.  2  of December of 2006. In order to begin the analysis first I will expose the way as one interprets the life of the fetus and the terms in which the same one under the constitutional logic is protected. At a second moment, I will take care to show, from the perspective handled by the philosopher of right Ronald Dworkin in its book Life’s Dominion, why it turns out problematic to maintain the desición of the Constitutional Court as a incoherent failure. Also I will show supported in this perspective the limitantes to maintain the debate on the abortion like a conflict between rights.

Palabras Clave

Dworkin, abortion, Constitutional Court, character derived and independent of the life.

Introducción

            El debate sobre el aborto se sostiene generalmente como una lucha mediada por el interés que posee el conservar la vida de un ser humano en estado fetal. Sin embargo, cuando se hace un análisis de las causas que pueden llevar a justificar el aborto como un método legal con asistencia médica, es necesario considerar otros aspectos que vayan más allá del acaloramiento de una discusión en términos de derechos vulnerados o esfuerzos morales, religiosos o genéticos para justificar la inocencia o no de la vida del feto o su derecho por naturaleza a que se le preserve la vida.

            En esta tónica la discusión sobre el aborto debe alcanzar un estatus legal, por lo menos cuando en el debate se consideran como punto de discusión los lineamientos legales que despenalizan el delito del aborto bajo ciertas circunstancias específicas. Para el caso del artículo del profesor Arango, el panorama en el que se argumenta la discusión sobre el aborto y la posible inconsistencia de la Corte Constitucional, parece abordar sólo el aspecto moral, aspecto que sin dejar de ser fundamental para la discusión, presenta poca relevancia al momento de justificar una posible inconsistencia lógica en el fallo dado por la Corte Constitucional en materia de aborto, siendo necesario llevar la discusión a términos legales. Si bien es necesario considerar el aspecto moral en el debate sobre el aborto, las implicaciones legales de la decisión jurídica deben mantener un margen legal cuando el debate apunta a justificar o no inconsistencias en el procedimiento y fallo constitucional, ya que de lo contrario, podría llegar a aceptarse la discusión sobre el aborto en los términos esgrimidos por el profesor Arango como un problema sólo de índole moral, reduciendo la lógica decisoria de la Corte Constitucional a este aspecto de discusión en particular. Así pues, sin dejar de lado las implicaciones morales en las decisiones jurídicas, se debe hacer salvedad sobre los horizontes del debate y la necesaria pertinencia sobre los términos de la discusión.

            El artículo del profesor Arango presenta un argumento en el que se muestra la decisión de la Corte Constitucional en el caso del aborto como un fallo incoherente, sustentado en la aparente ambigüedad que presenta la penalización del aborto en relación con la carta política, a su vez que la inexequibilidad en algunas de sus normas que llevan a la despenalización de este delito en casos especiales. Según el profesor Arango, en la manera como la Corte Constitucional argumenta la penalización del aborto, y la inexequibilidad en algunas de sus circunstancias, existe una aparente incoherencia, que lleva a que la penalización en términos prácticos cree un conflicto de derechos, en el que el derecho a la vida resulta vulnerado. Sin embargo, desde una lectura abierta se puede argüir que la posición de la Corte Constitucional respecto al debate sobre el aborto, en especial al manejo del concepto “vida” sostenido en el caso del aborto y desde una óptica legal, obedece más a una concepción de carácter autónomo de la vida y no a una de carácter derivado. Aspecto que el profesor Arango al parecer no consideró y que hace que su argumento no sea del todo contundente. En este sentido, el siguiente artículo busca ahondar en algunos de los puntos en los que dicho argumento resulta problemático, además de mostrar las limitantes de sostener la discusión sobre el aborto sólo como un conflicto entre derechos1.

Una distinción en la interpretación y protección de la vida humana

            El argumento del cual parte el profesor Arango en su artículo La lógica de la Corte Constitucional se basa en una aparente incoherencia que presenta el razonamiento de la Corte en el caso del aborto y que se manifiesta por medio de una tensión entre derechos fundamentales, el cual se hace evidente en el Código Penal. Según el Código Penal Colombiano, cualquier persona que incurra en la práctica del aborto, dañe físicamente o medie para malversar la salud del feto y su posterior desarrollo, (artículos 122, 123 y 125 del Código Penal), estará violentando directamente el derecho a la vida. Sin embargo, dentro de la tipificación hecha por el Código Penal, el aborto está aparentemente por fuera de las tipificaciones de homicidio.

            Este hecho, como lo muestra el profesor Arango, constituye una clara incoherencia y una colisión entre derechos fundamentales, ya que se tendría que debatir bajo este esquema de protección de derechos fundamentales cuál vida prima más, si la del feto o la de la madre; hecho que constituye un claro choque entre el derecho fundamental a la vida. El profesor Arango deja entre dicho la posibilidad, a la luz de la legislación colombiana, del reconocimiento del feto como persona2, hecho que pone al feto fuera del reconocimiento de persona civil y, por consiguiente, carente del derecho fundamental a la vida. Si bien es relevante la interpretación que hace el profesor Arango del fallo de la Corte Constitucional, ésta sólo considera una mirada dentro del discurso moral en el debate sobre el aborto.

            Antes de mostrar en qué punto el artículo parece tener dificultades, detengámonos en la manera como se puede interpretar desde una mirada general el razonamiento del profesor Arango.

           La forma en la que se tipifica el aborto y se concibe la vida dentro de la legislación colombiana constituye una contradicción, ya que si bien el feto no posee un claro derecho individual a la vida, ésta está protegida por la constitución colombiana, de donde se podría deducir claramente que el feto tiene derecho a la vida. Esto constituye una ambigüedad en el uso conceptual de la palabra “vida” por parte de la Corte Constitucional. En estos términos la incoherencia fue presentada en palabras del profesor Arango de la siguiente manera: “La vida humana de todos los seres cuya vida sea valiosa es un bien constitucionalmente protegido” (Pablo R. Arango. 2006: 129).

            Este primer argumento lleva implícita la posibilidad de que si existe algo o alguien cuya vida sea mayor en grado que la vida del feto, este último debe ceder su derecho en aras de preservar la primera. Este primer argumento permite enunciar un segundo en términos de grados de valor así: “La cuestión de si el feto tiene o no derecho a la vida es irrelevante para determinar si la penalización es o no constitucional” (Ibíd. 129).

            Sin embargo, esta forma de razonar deja al margen conceptos básicos para distinguir entre intereses particulares y un interés general.

            Siguiendo a Ronald Dworkin en su libro El dominio de la vida, se puede encontrar una diferencia sutil en la interpretación de la vida humana que puede ayudar a aclarar un poco el panorama de lo que se desea dilucidar como una confusión menor en la utilización generalizada que el profesor Arango hace del concepto “vida”, y con el cual está argumentando una incoherencia en la posición de la Corte Constitucional frente al debate sobre el aborto.

            En las discusiones es menester distinguir dos posibles controversias acerca del aborto (Cfr: Dworkin, R. 1998: 35). Cuándo la discusión gira en torno a si el feto tiene o no derecho a la vida en virtud de sus intereses, incluyendo el interés a seguir viviendo, y cuándo la discusión versa no sobre los intereses de un determinado individuo, sino sobre el valor mismo que posee la vida. La primera forma de razonamiento se denomina de carácter derivado y concibe el valor de la vida en virtud de su garante, cuyos intereses y derechos fundamentales deben ser preservados y garantizados por la ley desde un punto de vista individual3. Mientras la segunda interpretación boga por una visión de la vida como un valor intrínseco e inviolable cuyo cuidado debe estar vigilado por la ley. Interpretación denominada de carácter autónomo en virtud de su concepción de la vida como un bien que debe ser preservado más allá de los intereses particulares de un determinado individuo.

            Si se aplica esta distinción a la manera como el profesor Arango razona sobre el caso de la Corte Constitucional en materia del aborto, se puede extraer la siguiente consideración: del hecho que una determinada legislación, en este caso la colombiana, no reconozca el derecho individual al feto, no se sigue o se puede deducir, que la misma niegue completamente el derecho que el feto tiene a la vida como se da a entender en el argumento que sirve de base al artículo que aquí se intenta refutar.

            Parece que la fisura en la interpretación del profesor Arango se haya en esta sutil diferenciación del carácter derivado y autónomo de la vida. En este sentido, la posibilidad de una incoherencia se ve mermada en relación a la óptica con la que se entienda el concepto de “vida”. Si se vuelve sobre la sentencia que sirve de base a la crítica del profesor Arango, se ve que en ella si bien el sentido dado al concepto “vida” entendida en torno a intereses particulares pierde prioridad en algunas situaciones especiales, ello no lleva a que el derecho como un bien jurídico se pierda o sea negado de tajo a su poseedor.

            El dilema está, como antes se mostró, en la manera como se está asumiendo que la Corte Constitucional interpreta el concepto de “vida”. Sin embargo, si se toma el siguiente pasaje de la sentencia, se puede hacer evidente que la constitución colombiana de manera análoga a otras constituciones, tiene un manejo del sentido de la vida desde una óptica autónoma, es decir, en términos de su valor intrínseco y no particular como se pone en evidencia al sostener el aborto como un conflicto entre derechos:

La penalización del aborto en todas las circunstancias se revela de esa manera como una medida claramente desproporcionada e irrazonable, pues establece una preeminencia absoluta de la protección del bien jurídico de la vida del nasciturus sobre los derechos fundamentales de la mujer (C-355 del 2006).

            Aquí se hace evidente la irracionalidad con la que la Corte Constitucional tilda la idea de defender o privilegiar una vida sobre otra, aspecto que muestra la clara posición de ésta en lo pertinente a la interpretación del concepto “vida”. Otro argumento extraído de la misma sentencia muestra cómo el derecho a la vida se le otorga al feto en sentido positivo desde la legislación sin perder su carácter autónomo4:

No obstante, la Corte Constitucional considera necesario distinguir el derecho a la vida del cual son titulares las personas capaces de vida independiente, del bien jurídico de la vida que obliga a la protección igualmente del nasciturus desde el momento mismo de la concepción (Ibíd.).

            Sin duda, el aspecto de la sentencia que manifiesta de manera más directa el sentido autónomo de la vida que la legislación colombiana adopta en términos de conservación de la misma, lo constituye la propia limitación con la que dicha legislación manifiesta en la sentencia, los casos en los que una vida debe ser suprimida en virtud de un relativismo moral y el propio alcance limitado que los derechos fundamentales, principios y valores protegidos bajo la misma constitución, poseen en algunos casos conflictivos en los cuales no es posible ceñirse a una única interpretación positiva de los mismos. Este hecho queda explícito en el siguiente pasaje:

Es jurisprudencia reiterada de esta Corporación que los derechos fundamentales, los principios y valores constitucionales no son ilimitados ni tienen un carácter absoluto. En esa medida tanto el derecho a la vida, como la protección a la vida del nasciturus deben ser ponderados con los restantes derechos y bienes constitucionalmente protegidos, y como resultado de la ponderación puede resultar que en ciertos casos la protección del bien jurídico de la vida en cabeza del nasciturus puede suponer cargas desproporcionadas para el derecho a la vida, a la igualdad y a la salud de la mujer (Ibíd.).

            Ello prueba cómo el valor de la vida desde una óptica autónoma, rebasa incluso algunas de las concepciones mantenidas por la Corte Constitucional, y eleva el valor de la vida más allá de una mera interpretación positiva. Es precisamente este aspecto el que dejó de lado la interpretación del profesor Arango en la utilización del concepto “vida”, y que dificulta la posibilidad de encontrar una incoherencia en la decisión tomada sobre el aborto por parte de la Corte Constitucional.

Los limitantes de sostener el aborto desde la óptica de un conflicto entre derechos

            Una de las principales desventajas al enfrentar el debate sobre el aborto como un conflicto entre derechos, es la facilidad con la que se llega casi siempre a una posición tal que cada bando de la discusión adopta una postura según la cual, creen estar defendiendo principios fundamentales de justicia. Un ejemplo de ello se hace evidente en aquellos grupos de militancia liberal, quienes creen que las mujeres tienen el derecho fundamental a tomar sus propias decisiones en materia de aborto y que cualquier decisión aceptable debe respetar ese principio (Cfr: Dworkin, R. 1998: 16-1). Pero como es de esperar, una solución que respete dicho principio no podría ser aceptada en buenos términos por aquellos que ven el aborto como un asesinato que viola los derechos e intereses fundamentales de seres humanos en estado fetal.

            Siguiendo la argumentación anterior, el debate sostenido desde la óptica de un conflicto entre derechos, y manejado bajo una pregunta polarizadora: ¿es el feto un indefenso niño no nacido con derechos e intereses propios desde el momento de la concepción? Siempre llevará a una respuesta afirmativa al momento de plantear el debate en términos de un asesinato por parte de los grupos pro-vida, en el que el aborto se hace equivalente a abandonar a un niño molesto a su suerte donde posiblemente morirá. Y por el contrario, de ser la respuesta negativa, haría ver los grupos pro- vida, como unos fanáticos deseosos más de provocar un castigo, que de proteger la vida misma del feto. Actitud común en algunos de los grupos pro-vida que llegan al extremo de poner en riesgo vidas para cumplir sus ideales, hecho que constituye una verdadera contradicción para la lógica con la que se crean estos grupos5.

            En la medida en que la discusión se plantea en estos términos polarizadores, es poco probable llegar conjuntamente a una ponderación razonable, ya que ninguna de las partes está en la capacidad de ofrecer un argumento que pueda ser bien recibido por la parte contraria y que resulte irrefutable ante los hechos.

            De esta manera, un debate en términos de choque entre derechos parece estar más cercano a un debate en el que cada parte pone de manifiesto sus convicciones más básicas sobre su percepción de la vida y “lo único que se puede pedir en esos términos es una pálida cortesía, el tipo de cortesía que se muestra ante un incomprensible y peligroso marciano” (Ibíd: 18-1). Siendo esta la mayor dificultad de emprender el debate bajo dicha perspectiva, parecería que una de las soluciones loables debería darse por una vía de resolución jurídica, en la que se pusieran en aparente equilibrio las demandas de cada parte y se sopesara con un fallo coherente a esta intención.

            En este sentido, si se pone el debate en manos del poder jurídico y suponiendo que la discusión logrará apartarse de un conflicto moral del orden del choque entre derechos y se asumiera desde el manejo jurídico que una determinada legislación, en este caso la colombiana hace del concepto “vida” como un valor intrínseco y autónomo, entonces sería posible llegar a dejar por lo menos desde su aspecto polarizador la cuestión por el estatus del feto como persona o garante de ciertos derechos o valores, y su posible supresión de una discusión sobre el carácter mismo de la vida; aspecto que lleva de nuevo a considerar la distinción entre el carácter derivado y el carácter autónomo de la vida expuesto en la primera parte del artículo. En el caso citado, se optaría por el segundo por ser en apariencia más objetivo e imparcial y desde un punto de vista práctico, más útil a un razonamiento constitucional y penal.

            Uno de los problemas que plantea el manejo derivado de la vida en el debate sobre el aborto, es la imposibilidad de que alguien en su sano juicio pretenda sostener coherentemente que el feto tiene derecho a que no lo maten y al mismo tiempo sostener que es inmoral que el gobierno proteja ese mismo derecho a través de la ley penal.

            Dicha incoherencia puede ser solventada desde una concepción autónoma de la vida en términos legales. Una posición a favor de este argumento es la siguiente:

Si suponemos que las personas que condenan el aborto por ser moralmente incorrecto se basan de hecho en lo que denominamos una explicación de carácter autónomo de por qué es inmoral- es decir, de si suponemos que comparten la profunda convicción de que es intrínsecamente inmoral poner fin deliberadamente a una vida humana. Es perfectamente coherente sostener esta idea, incluso hasta el límite, y sin embargo creer que la decisión de poner fin o no a una vida humana durante la primera etapa del embarazo debería dejarse a la mujer embarazada, cuya conciencia está más directamente conectada con la decisión y que es titular de los intereses en juego más importantes (Ibíd: 22-1).

            Este argumento, que presenta una combinación de las dos posturas opuestas en el debate sobre el aborto, resulta congruente en parte con la interpretación que la Corte Constitucional colombiana arroja en materia de este debate, a su vez que parece compartir alguno de los rasgos de la tradición liberal instaurada en las democracias pluralistas sin que la constituya a cabalidad.

            Otro argumento que puede ser presentado con la misma intención, se puede extraer incluso de la visión liberal con la que a menudo se debate el aborto. Considerar el feto como una persona con derechos e intereses a parte de la dificultad antes señalada, presenta una dificultad adicional. Considérese la siguiente comparación: no todo lo que puede ser destruido tiene un interés en no serlo. Una estatua por ejemplo puede ser hecha pedazos sin que ello constituya una violación directa a sus intereses, lo que constituye que no pase de ser quizá un acto de vandalismo que no puede ser juzgado como justo o injusto en virtud del derecho que tiene la estatua de seguir intacta. Al parecer si se toma el valor biológico del feto no basta con que goce o participe de la posible manifestación de la vida humana para que por sí mismo posea intereses y, por lo tanto, sea injusto exterminarlo. Incluso si se apela al cuidado que se le debe dar al feto para que su desarrollo sea satisfactorio, no se logra llegar a un argumento contundente, ya que se podría suponer el caso de que un determinado grupo de médicos pudieran producir un niño a partir de un óvulo fertilizado como de hecho es posible, “¿el óvulo implantado no se vería seriamente amenazado por la menstruación?, ¿no estaría ésta atentando contra los intereses del óvulo?” (Ibíd.1998: 26-1); caso parecido se puede aplicar a las mujeres que planifican, cuyo método constituiría un claro atentado contra el derecho fundamental de un posible ser humano.

            En estos términos, parece que no es suficiente para que algo tenga intereses la posibilidad de llegar a convertirse en un ser humano. En este sentido, estaría de acuerdo con el profesor Arango, quien deduce desde un punto de vista lógico la irrelevancia de la existencia del feto en la práctica del aborto aunque su condición de gameto por lo menos desde el punto de vista biológico, lo pone como el mejor candidato para llegar a ser una persona con intereses y derechos.

Conclusión

            Así pues, sostener el debate sobre el aborto desde la óptica de un choque entre derechos, parece dejar de lado algunos aspectos relevantes para poder llevar dicha discusión a un estado menos imparcial desde la posición de las partes en discusión. 

            Igualmente, la posibilidad de establecer una discusión, no sobre los derechos de un determinado individuo o grupo, sino sobre el valor intrínseco de la vida, lleva a que por lo menos sean menos insidiosos los casos en los que una discusión de talante moral y legal, se vuelva una guerra sobre convicciones personales en la manera cómo se entiende el respeto por la vida, a su vez que se de cabida asumir la práctica legal como un ejercicio de tipo moral de las acciones y decisiones jurídicas.

            Otro aspecto que podría servir de apoyo a esta manera de enfrentar el debate sobre el aborto, lo determina el hecho de que la mayoría de personas mínimamente entrenadas en las discusiones sobre bienes jurídicos, pocas veces responden a estas cuestiones en calidad de individuos, sino como miembros de una sociedad con características específicas, cuyas decisiones no sólo le competen a determinados grupos, sino por el contrario, afectan directamente a todos los miembros tanto pasivos como activos de una determinada sociedad y es quizá este el punto más relevante que se debe considerar en el debate sobre el aborto, fuera del papel vital que el concepto y la manera cómo se interpreta la vida dentro de dicha discusión, debe poseer.


 

Notas

1 Dejaré algunos puntos del artículo sin tratar, por compatibilidad en planteamientos.

2 Si bien el Estado colombiano reconoce la condición de persona jurídica sólo a los nacidos, esta claro que también estipula el cuidado y la protección que el Estado debe prestar a la vida humana en desarrollo, como la constituye el ser humano en estado fetal

Un razonamiento desde la óptica derivada presupone el argumento de la intención original, en la que se concibe la constitución como una lista limitada de derechos individuales específicos, lo que lleva a que la vida sea protegida en virtud de los intereses particulares de un individuo, y no en bienestar de la especie.

De ser cierto que la constitución colombiana no concediera el derecho a la vida al feto, casos no exequibles de aborto podrían efectuarse sin temor a una sanción penal. Además, esta forma de interpretación llevaría consigo el sello de una libertad negativa y, por consiguiente, problemática a la visión integral con la que el estado pretende adoptar el concepto mismo de vida y libertad.

5  Un claro ejemplo de ello se hizo evidente cuando la abogada Mónica Roa impuso la demanda contra la corte constitucional sobre la despenalización del aborto, y la respuesta casi inmediata de los grupos pro-vida colombianos fue una amenaza directa a la vida de la demandante de seguir con su iniciativa.

 

 

 


Referencias

ARANGO, P. R. (2006). La lógica de la Corte Constitucional. Jurídicas, Universidad de Caldas.

DWORKIN, R. (1998). El Dominio de la Vida.Barcelona: Ariel.

LYONS, D. (1990). Aspectos Morales en las Decisiones Jurídicas. Barcelona: Gedisa. SENTENCIA C-355 de 2006. Magistrado Ponente: José Cepeda Espinosa.

THOMSON, J. J. (1971). Una defensa del Aborto, En: Controversias sobre el Aborto