Año 5 No. 6.5 Julio - Diciembre de 2011

Las nuevas políticas en el ámbito público


Jorge Arturo Melo Osorio; Universidad de Caldas; Kemmotar83@gmail.com


ISSN papel: 1909-6704
ISSN virtual: 2500-610X


Resumen

   El siguiente artículo pretende exponer algunas ideas acerca de las nuevas políticas mundiales y su influencia en la universidad como espacio público, que comienza a re­configurarse para convertirse en un espacio vacío de consumismo donde se compra el acceso y el título, de igual forma en que se crea una transacción en un centro comercial o “templo de consumo”. Con la llamada reforma a la ley 30, se busca impulsar este proceso de cambio en este espacio público con el fin de adaptar la educación a las necesidades de los mercados locales e internacionales, reconfigurando el ca­rácter de espacios, los cuales convierten a la educación pública de Colombia en una mercancía a la que no todos pueden acceder, un bien de consumo exclusivo y un negocio empresario que esté en capacidad de autogestionarse, liberando al Estado de esta responsabilidad que le es propia.

Abstract

This article pretends to expose some ideas about the new global policies and their influence in the university as a public space, which begins to reconfigurate in order to become an empty space of consumerism where the access and the title are bought in the same way you buy anything in a shopping mall or "consume temple". With the reformation of the tirthieth law, it is seeked to promote this process of changing the public space according to the needs of the local and international markets. This makes the public education of Colombia become a commodity, not accessible for everyone, an exclusive consumer good and a bussiness that can be managed by itself, liberating the State from its responsabilities.

Palabras Clave

autonomy,globalization,market,public space,public university,consumerism

¿Qué rumbo está tomando la política actual en nuestro país con la reforma de la ley 30 y en qué se está convirtiendo la universidad como espacio público? Lo anterior es necesario intentar responderlo desde una óptica contemporánea, ya que efectivamente es un problema contemporáneo,por esto el autor más idóneo para facilitar la reflexión en torno a la temática que trataré podría ser el sociólogo polaco Zygmunt Bauman,con su teoría acerca de la licuefacción del mundo “moderno” o de la modernidad líquida.

     En su teoría de lo líquido Bauman siempre establece un paralelo entre el pasado y el presente, entre lo que era y lo que es, es decir, entre lo que llama modernidad pesada y modernidad líquida; teniendo esto claro, es posible hablar de lo que era la política en el sentido clásico y moderno y en lo que se ha convertido la nueva política.    

    Para el autor, la política que nos enseñaron e impusieron desde la revo­lución francesa y la creación de un Estado nación, estaba sustentada en la democracia, la participación igualitaria y la normatización y protección por parte del Estado de todos los aspectos de la vida. Garantizaba los derechos y deberes del ciudadano, con el fin de que éste se pudiera realizar como como ser humano. La política era una herramienta, si se me permite llamarlo así, para que los ciudadanos tuvieran voz y voto en la toma de decisiones; con el fin de mejorar la so­ciedad, estructuraba estrategias para que la libertad del hombre fuera un fin inminente y la sociedad progresara de manera óptima, sin embargo, esta idea de política se fue reconfigurando en un proceso histórico en el cual ese Estado moderno clásico se fue haciendo más maleable, flexible y fluido por la influencia directa del cambio en el siste­ma de producción capitalista, el cual bus­caba nuevas estrategias para el intercambio de mercancías. Gracias a ciertos procesos desencadenados por la globalización y el neoliberalismo, el mundo fue tomando otros rumbos, especialmente en lo que concernía a la toma de decisiones en torno al ámbito de lo público. Los mercados y las grandes multinacionales asumieron las riendas del juego, mientras que los Estados nación abandonaron su forma moderna que prometía cuidado y control, para pasar a un Estado más laxo frente a las políticas que proponían e imponían las empresas privadas. Colombia, al igual que los países de Latinoamérica, no es ajena a estos cambios, ya que si bien no podemos con­siderarnos “modernos” en el sentido clásico del concepto, como sí lo es parte de Europa y Norteamérica; a nosotros también nos incolucraron en esas nuevas dinámicas de aldea global, obligándonos a generar proce­sos significativos en la readecuación de esa tarea propia del Estado moderno, donde, por ejemplo, velar por la educación, ya no es obligación exclusiva del gobierno, sino que el sujeto en su “libertad” de elección y de acción, debe procurarse la educación para ser un individuo de bien y de utilidad para la sociedad.

     Estas políticas no son un fenómeno nuevo, ya que desde hace un buen tiempo las dinámicas económicas del capitalismo han obligado a las sociedades a adoptarlas, ya sea por nuevos discursos de competitividad, calidad y desarrollo, o por la misma adecuación de imaginarios propios de la estructura y las instituciones que permiten su reproducción como la escuela, familia, medios masivos de comunicación, etc.; se ha vuelto imperioso en todos los ámbitos un nuevo esquema de flexibilidad y de responsabilidad individual que, junto al miedo de no ser competente, induce a los individuos a siempre estar movilizándose para no sucumbir ante la terrible posibilidad de convertirse en un residuo de la sociedad, es decir, a no poder competir y caer en la pobreza.

     En este punto quiero hacer una aclaración y es que ser competente mejora la calidad del trabajo que se efectúa, cualquiera de esas nuevas consignas en el ámbito laboral y en la vida puede servirnos para sentirnos mejores y superar­nos a nosotros mismos, pero cuando se nos imponen como una obligación para poder sobrevivir y no caer en la miseria absoluta, se debe hacer una reflexión. No todos elegiría­mos entrar en la competencia del mundo, no todos estámos en la misma capacidad de hacerlo, aún así es menester competir, correr incansablemente hacia una meta que ya no se alcanza, incluso que ni siquiera se ve a lo lejos. Ese es el problema de la imposición de esas nuevas consignas de competitividad, flexibilidad y desarrollo, donde se supone que todos estamos en capacidad, pero sobre todo en obligación de siempre intentar superarnos y superar al otro, con el fin de no convertirnos en seres defectuosos para la competencia y salir de ella en las peores condiciones posibles, es decir en la absoluta miseria.  

     Bajo la idea de esas nuevas políticas, se im­pone la volatibilidad en los compromisos, lo pasajero, lo indefinido, lo endeble de los contratos que hace al individuo estar en constante movimiento para seguir compi­tiendo, el miedo a ser despedido y formar parte de los desviados lo angustia constan­temente y lo hace moverse de acuerdo a unos nuevos parámetros; su compromiso es con el presente porque el futuro se comien­za a crear como algo incierto, ni siquiera las instituciones del Estado (gobierno, industria, policía, universidad, etc.) van a ser capaces de devolverle por completo la confianza a ese hombre que está inmerso en relaciones de redes que pueden romperse en cualquier momento y desanexarlo.

     Los miedos y la inseguridad llevan a replantear las políticas que se vienen imple­mentando desde la edificación del Estado-nación, las nuevas políticas traen consigo el discurso de la seguridad pero basados en el elemento de seguridad (cárceles y policías) como la supuesta forma única, efectiva y duradera de proteger los bienes privados de los ciudadanos, castigando con mano dura a esos merodeadores inadaptados que sólo le hacen mal a la sociedad.

     Para el caso de Colombia,  las políticas del gobierno, sustentadas en esa idea, se encargan de adelantar estrategias efectivas contra los supuestos “terroristas” y todos los actores que están por fuera de los parámetros de la ley, esta es la mejor conocida como "seguridad democrática”. Un pueblo que, además de estar golpeado por la guerra, lo está por el desempleo, la falta de educa­ción, de salud y de bienestar laboral, no obstante, pareciera que estos son aspectos que pueden esperar, porque para los mandatarios de turno, primero está la búsqueda de se­guridad privada y “pública”.

La vida insegura se vive en compañía de gente insegura. (…) la indiferencia y la irritación tienden a compartirse, pero compartir la irritación no convierte a los solitarios sufrientes en una comunidad. Nuestra clase de inseguridad no es la materia de la que están hechas las causas comunes, las posturas conjuntas ni las filas solidarias. (Bauman, 2002, p. 32)

     Lo anterior hace pensar ¿Cómo y de dónde se obtiene el dinero para cubrir esta sed insaciable de sentirnos seguros y protegidos contra esos merodeadores y terroristas que infectan nuestra vida de bien? Pues como nuestro presupuesto nacional no da para tanto se debe hacer algo que para gran par­te de las familias colombianas es normal, se quita de acá para poner allá; es decir un dinero presupuestado para algo se le asigna a la guerra contra el terrorismo y a la seguridad, por lo tanto, esferas como la educación y la salud quedan descuidadas y con menos recursos, lo cual implica que ellas deban hacer un esfuerzo significativo para solventar sus dificultades económicas.

     Es así como se requieren reformas para cu­brir el déficit de éstas esferas menos favore­cidas, bajo esta perspectiva, la estrategia que parece más efectiva para el caso de la educación superior, es proponer que nuestras universidades pú­blicas se adecuen a dinámicas económicas empresariales, ya que es más viable recrear y ver la universidad como una empresa. La reforma a la ley treinta propone aceptar la inversión de empresas privadas en las universidades públicas, y aunque este no es un fenómeno nuevo, una inversión  más representativa por parte de estas empresas conlleva una pérdida de autonomía en el direccionamiento de las investigaciones, es decir, la empresa privada tiene la capacidad de contratar en términos de qué y cómo se debe investigar, para quiénes se va a investigar y con qué fin se piensa investigar; ya que sí se investiga con dineros privados es para producir resultados en términos de beneficios y rendimiento para la entidad patrocinadora, ocultando lo que se deba ocultar y diciendo a viva voz lo que se deba decir por el bien de la innovación y producción de la empresa que contrate los servicios de la universidad.

     Otra salida que proponen las nuevas políticas que impulsan la reforma a la ley treinta de 1992 se centra en la creación de universidades con ánimo de lucro, aspecto que ni siquiera hoy las universidades pri­vadas manejan, ya que todo el dinero que ingresa a ellas se busca reinvertirlo para su autosostenimiento. El problema con las universidades con ánimo de lucro consiste en delimitar su misión y visión como insti­tución o como empresa, busca formar profesionales que sirvan como mano de obra. que en primera medida tenga el dinero para pagar el acceso a la institución educativa y que en segundo lugar se conforme con lo que se le enseñe.

     Por último, la reforma de la ley treinta nos lleva a nosotros, los pensadores de la sociedad, a reflexionar acerca de qué tan autónomas van a ser las universidades en la misión y visión que tienen como instituciones educativas ya que, si se dieran dichos cambios, implica­rían la constante vigilancia y control sobre las universidades. Acá vuelve y juega la necesidad de imponer el panóptico que esté siempre atento a cualquier irregularidad en el sistema para exterminarlo rápida y silenciosamente con el fin de mantener el control absoluto sobre las acciones de quie­nes circulan en los espacios universitarios.

    El problema con la reforma se concreta en un dilema de sostenibilidad, falta de autonomía y mecanismos de control, fenómenos que en la modernidad líquida según Bauman son los aspectos que per­mean y cubren el mundo actual por efecto de las nuevas políticas que se imponen en la llamada modernidad líquida. Ahora bien ¿en qué se está convirtiendo la universidad, entendida como espacio de carácter público?

     Para llegar a la respuesta se debe tener claro que esas nuevas políticas de mercado han cambiado la visión de espacios; si se retoma por un instante la explicación que da Bauman acerca de los espacios públicos y su readecuación, se debe tener en cuenta que para el sociólogo polaco existen cuatro tipos de espacios públicos que están en gran medida vigilados por ese panóp­tico que se ve representado en modernos sistemas de seguridad, cámaras, satélites y dispositivos electrónicos que permiten hacer un seguimiento de lo que se hace en ellos, este incremento de la seguridad siempre está sustentada en la necesidad de la constante vigilancia para garantizar la certidumbre de estar bien.

     El primer espacio público es el que puede ser recorrido y mirado pero no habitado ya que es inhóspito y vacío. El simple hecho de permanecer en éste mucho tiempo o detenerse más de lo establecido convierte a quien lo haga en alguien sospechoso.

     El segundo espacio es el del consumo, en el cual se incita a la acción y no a la intervención. Éstos se ven repre­sentados en los centros comerciales o "templos de consumo", en los cuales el sujeto encuentra el consuelo de pertenecer a algo.

     El tercer espacio son los no lugares, espacios destinados al tránsito donde se uniforma la conducta de los suje­tos que los transitan. Un no-lugar, en palabras de Bauman  “es un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y la historia: los ejemplos incluyen los aeropuertos, autopistas, anóni­mos cuartos de hotel, el transporte público (…) En la historia del mundo, nunca antes los no-lugares han ocupado tanto espacio. (Bauman, 2004, p. 111).

     Por último se encuentran los “espacios vacíos” los cuales son inexistentes en los mapas mentales que “los sujetos de bien” construyen de su ciudad, son espacios donde habita la pobreza y que no deben ser recorridos ya sea porque no existen o simplemente porque es muy peligroso recorrerlos.

El vacío del lugar está en el ojo de quien contempla y en las piernas del habitante o en las ruedas de su auto. Son vacíos los lugares en los que no entramos y en los que nos sentiríamos perdidos y vulnerables, sorprendidos, alarmados y un poco asusta­dos ante la vista de otros seres humanos. (Bauman, 2004:113)

     ¿A qué espacio pertenecería la universidad pública si la reforma a la ley 30 se convierte en un hecho? Anteriormente la universidad podía ser pensada como un espacio de carácter común donde se formaban sujetos profesionales que impulsaran nuevos procesos de desarrollo a la sociedad, era un recinto donde se formaba el conocimiento, la discusión, el debate y la crítica frente a todos los procesos de la vida humana para intentar mejorarlos. La universidad pública buscaba ser un espacio de acceso para todos, era un sitio de formación humana. También se accedía a ella por mérito, con una buena nota en el examen de admisión o un buen puntaje en el ICFES era posible ingresar a la universidad, que no excluía por condición de clase. En la actualidad ese imaginario ha cambiado y parece que esta institución de carácter público ha reade­cuado sus dinámicas para ser pensada como un espacio de consumo, en donde por una buena suma de dinero se puede comprar el acceso a ella, garantizando la vigilancia constante, ya sea por normatividades y reglas de juego, que han sido arrebatadas de la au­tonomía universitaria, pero también por los dispositivos electrónicos de seguridad. Se podría pensar que esa garantía es adecuada para una óptima edu­cación, pero mi critica va más sujeta a la falta de libertad que se impone mediante estos medios; todo el proceso de autonomía alcanzada por los movimientos estudiantiles del pasado se pierde bajo estas consignas de supuesta seguridad, porque no se protege; se vigila y se controla para que los sujetos sean mansas ovejas dentro del rebaño, se observa para que no haya disturbios al orden, para tener un ojo puesto en los revoltosos, en los terroristas que buscan acabar con el ámbito de conocimiento, corrompiendo las jóvenes mentes por medio de sus discursos subversivos y peligrosos para una sociedad de bien.

     La universidad se convierte en un espacio donde se compra un título y un conocimien­to acerca de algo, donde el sujeto consume un conocimiento prediseñado por quienes financian la institución y donde preparan a quienes entran a ser competentes, flexibles y dinámicos igual que las reglas del mercado, dejando un vacío en la tarea de reflexionar y de criticar aquello con lo que no se está de acuerdo, es dejar todo en manos de un sistema que moldee a los individuos a su antojo y necesidades. Al igual que en los espacios de consumo en donde los sujetos compran su seguridad por su capacidad de consumir, de igual forma la universidad restringiría el acceso a esas personas con precarias capacidades económicas. Es el mismo proceso de exclusión que se genera en los espacios de consumo, donde sólo una élite (la gente de buena sociedad=quienes pueden consumir) pueden entrar, mientras los “otros” deben esperar al lado de la reja que separa y excluye.

   Si no se reflexiona y se discute acerca de las implicaciones de la ley treinta, éste espacio público que es la universidad pública ya no tendrá objetivos propios, se convertirá en un espacio que contiene las preocupaciones privadas que son de carácter individual donde el colectivo mismo se pierde, y la aparente libertad que tenemos como ciuda­danos se convertirá en una libertad negativa donde los individuos tendrán restricciones que seguirán impulsando ese desasosiego constante de no pertenecer a nada, con la imposibilidad de tocar un puerto en las aguas turbulentas de la modernidad.